El Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC) vuelve a llamar la atención de los municipios, gobiernos provinciales y del Estado Nacional por la falta de control de las obras de infraestructura de telecomunicaciones que se están realizando en el país. Los despliegues no están a cargo de profesionales matriculados, ni de especialistas registrados en el Consejo, que conocen los detalles del Reglamento para Infraestructura de Servicios de TIC en inmuebles, necesario para brindar servicios de calidad garantizando la seguridad de las instalaciones.

El llamado de atención surge luego de que se cumpliera un año de la emisión de este reglamento – emitido bajo la Resolución N° 292/2021 de la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros– cuya ejecución debe ser supervisada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a fin de que las nuevas redes de fibra óptica que se están construyendo en el país no solo amplíen la urgente y necesaria conectividad sino que también respondan a las normas internacionales que exige esta tecnología.

Los técnicos y profesionales matriculados del COPITEC han detectado un profundo desconocimiento y desinterés por parte de otras disciplinas que contribuyen también al desarrollo de la Fibra Optica (electricidad y obras civiles de infraestructura) como también de los organismos de control técnico de las telecomunicaciones respecto a las normativas establecidas en el reglamento mencionado, aprobado tras la mencionada Resolución 292 de la Secretaría de Innovación Pública. La intervención de especialistas matriculados en la construcción, instalación y mantenimiento de redes es indispensable para la calidad y fundamentalmente para la seguridad de los servicios  que se prestan por medio de estas redes.

La permeabilidad y vulnerabilidad que presentan las redes de fibra óptica las hacen susceptibles de ser manipuladas tanto en sus estructuras físicas como en los datos que transportan pudiendo de este modo ocasionar posibles perjuicios de los usuarios y hasta afectar la confidencialidad y hermetismo que merece la información que por ellas circulan.

También se detecta un incumplimiento absoluto del reglamento por parte de empresas proveedoras de servicios (TICs) y contratistas de estas, las que instalan y mantienen redes en edificios de viviendas como en barrios privados. Llegan con sus propios cableados hasta el bloque terminal del cliente de manera arbitraria, sin garantías de ninguna especie dado que manos inexpertas e incompetentes tienen acceso a sistemas de telecomunicaciones que deberían tener resguardos muy especiales en su seguridad. Esto supone un evidente abuso y competencia desleal por parte de licenciatarios y contratistas que nadie controla.

Así como es necesario que una red de gas o una instalación eléctrica sea supervisada por un técnico o profesional matriculado, esa misma obligación debe ser cumplida en la construcción de redes de telecomunicaciones.

Por esta razón, exigimos la aplicación del reglamento por parte de las empresas y la supervisión por parte de los organismos estatales pertinentes. Y volvemos a pedir a nuestros consejos amigos, como COPIME y CPIC (ingenierías eléctrica, mecánica y civil) la necesidad de aplicar dicho reglamento para garantizar servicios de máxima calidad. Las entidades de profesionales y el Estado debemos trabajar de manera conjunta para hacer cumplir las normas vigentes y advertir a la población sobre los inconvenientes actuales y futuros que las malas construcciones de redes podrían provocar en la conectividad en general.

Desde el COPITEC proponemos nuestra colaboración al ENACOM para avanzar en las tareas de control. Sabemos que los organismos estatales no siempre cuentan con las herramientas necesarias para cubrir las necesidades de un territorio tan extenso. Por eso, desde nuestro Consejo, creemos que es necesario conformar un grupo de auditoría que se ocupe de acompañar el rol supervisor de la autoridad nacional.

Urge contar con las herramientas de control que garanticen la eficiencia, calidad y fundamentalmente seguridad que sólo puede conseguirse mediante la inserción de profesionales matriculados.