Más de dos años y medio de intervención ininterrumpida en el ENACOM dejan un saldo preocupante: desregulación sin planificación, retiro del Estado de áreas estratégicas, pérdida de presencia federal y desplazamiento de los profesionales independientes que garantizan la calidad técnica del sistema de telecomunicaciones.
El Ente Nacional de Comunicaciones lleva más de dos años y medio bajo intervención del Poder Ejecutivo Nacional, con sucesivas prórrogas (Decretos 89/2024, 675/2024, 448/2025 y 938/2025) que extendieron la medida de manera ininterrumpida hasta enero de 2027. Lejos de conducir a la normalización institucional prometida, ese período deja un balance que el sector profesional, los usuarios y las provincias tienen el derecho de conocer.
Datos clave del período de intervención:
- Más de 2 años de intervención sin normalización institucional.
- 0 delegaciones provinciales operativas.
- Más de 500 trabajadores desvinculados o reubicados.
- 45 años de régimen técnico que podría ser desmantelado sin ley del Congreso.
I. El desplazamiento de los profesionales con años de conocimiento acumulado
Una de las marcas más preocupantes de la gestión interventora es el desplazamiento sistemático de los profesionales independientes que, durante décadas, actuaron como garantía técnica del sistema de telecomunicaciones argentino. El caso más emblemático es la posible eliminación de la figura del Representante Técnico mediante la Resolución ENACOM N° 57/2026 —norma que COPITEC impugna actualmente ante la Justicia Federal y cuya aplicación plena se encontraría aún pendiente de resolución judicial.
De aplicarse esta norma, el Representante Técnico dejaría de ser un requisito del sistema de homologación. Vale recordar que esta figura no es un simple trámite burocrático: es un profesional matriculado, independiente, con responsabilidad solidaria personal, sujeción al poder disciplinario del Consejo Profesional y obligación de responder con su matrícula y su patrimonio ante el Estado, los fabricantes y la sociedad.
Cuarenta y cinco años de sistema probado podrían llegar a ser desmantelados por resolución administrativa, sin ley del Congreso que lo avale. Esa es la cuestión de fondo que hoy tiene la Justicia en sus manos.
Lo que se perdería con este desplazamiento:
- Trazabilidad profesional individual: Cada equipo homologado tiene un profesional responsable, identificable y sancionable.
- Independencia del certificante: Reemplazada por agencias privadas con fines de lucro, que certificarían los productos de sus propios clientes comerciales.
- Conocimiento técnico acumulado: Profesionales con décadas de experiencia en el sistema de homologación serían excluidos de golpe, sin período de transición ni reconversión.
- Certeza jurídica para el mercado: Miles de equipos renovados automáticamente por tres años sin nueva evaluación técnica, generando incertidumbre sobre su estado real de homologación.
II. El debilitamiento del control del espectro radioeléctrico
El espectro radioeléctrico es un recurso público limitado, estratégico y de soberanía nacional. Su correcta administración requiere tanto capacidad técnica de medición como presencia territorial efectiva. Durante el período de intervención, ambas dimensiones se vieron afectadas.
Es importante precisar la distinción de funciones: son los Centros de Comprobación Técnica de Emisiones (CCE) los organismos técnicos especializados encargados de realizar las mediciones del espectro, el control en aeropuertos y la fiscalización general del uso de frecuencias. Las delegaciones provinciales, en cambio, cumplían principalmente la función de recepción de reclamos y trámites, facilitando la atención presencial a los usuarios en todo el país.
El problema crítico en los CCE radica en que sus plantillas técnicas —compuestas por profesionales altamente especializados— se encuentran en franca reducción. Los sueldos del organismo, deteriorados en términos reales, generan una salida sistemática de personal calificado que busca remuneraciones acordes a la complejidad de sus tareas. Cada profesional que se va lleva consigo conocimiento y experiencia que no se repone fácilmente, y el Estado pierde progresivamente la capacidad operativa para ejercer el control técnico del espectro.
El resultado es un organismo que concentra sus operaciones en Buenos Aires, con centros de comprobación debilitados por la fuga de talentos y sin la presencia territorial necesaria para detectar y resolver interferencias en tiempo real en todo el país.
III. La desregulación de áreas estratégicas: frecuencias de microondas y satelitales
Particularmente preocupante resulta la desregulación de aspectos del espectro que hacen directamente a la seguridad nacional. Las frecuencias de microondas y satelitales son utilizadas por sistemas críticos de infraestructura, defensa, emergencias y comunicaciones institucionales del Estado. Su regulación laxa o su fiscalización deficiente no es solo un problema técnico: es un problema de soberanía.
La reducción de controles en estos sistemas, combinada con la escasa presencia territorial de la autoridad de aplicación, genera un vacío que puede ser aprovechado por operadores informales, logrando efectos verdaderamente negativos en el correcto uso del espectro radioeléctrico. Esta situación puede afectar directamente a sistemas de comunicaciones críticos.
En países con fuerte presencia de los organismos de control, existe una más estricta supervisión del espectro radioeléctrico. En la Argentina de la intervención, estas bandas estratégicas son objeto de desregulación en lugar de fortalecimiento.
IV. El cierre de las delegaciones provinciales y el abandono de la presencia federal
La primera decisión de fondo de la intervención fue el cierre operativo de todas las delegaciones provinciales del ENACOM, dispuesto mediante Resolución N° 7/2024 con vigencia desde el 1° de abril de 2024. Más de 500 trabajadores fueron desvinculados o reubicados. La presencia federal del organismo regulador en todo el país quedó eliminada.
Para comprender el impacto real de esta decisión, es necesario tener en claro cuál era la función concreta de las delegaciones provinciales: recepción presencial de reclamos y trámites, facilitando el acceso de los usuarios al organismo regulador. No eran organismos de medición técnica del espectro —esa es la función de los Centros de Comprobación Técnica de Emisiones— pero eran la cara visible del Estado federal en materia de telecomunicaciones fuera del AMBA.
Su cierre no puede ser reemplazado simplemente por plataformas digitales o sistemas TAD. Existe un sector considerable de la población —especialmente en el interior del país y en zonas rurales— que accede a los servicios del Estado de manera presencial, y que hoy se encuentra sin canal accesible para efectuar reclamos o trámites ante el organismo regulador. No todo puede resolverse por un sitio web: hay ciudadanos que están lejos geográfica o tecnológicamente de esos portales, y el Estado tiene la obligación de estar presente para ellos.
Las delegaciones provinciales tenían problemas reales: estructuras sobredimensionadas en algunos casos, procedimientos desactualizados, falta de coordinación con la sede central. Esos problemas ameritaban una reestructuración profunda, no una clausura total. Un organismo que regula las telecomunicaciones en todo el territorio nacional no puede ejercer esa función exclusivamente desde una sede en Buenos Aires.
Lo que desapareció con las delegaciones:
- Atención presencial al ciudadano en las provincias: Trámites, denuncias y consultas que requerían presencia física quedaron sin canal accesible para gran parte de la población.
- Presencia federal del regulador: El ENACOM es por mandato legal un organismo federal; su retiro de las provincias contradice su razón de ser institucional.
- Conocimiento del territorio: Los agentes provinciales conocían la realidad local de los operadores y los conflictos de la zona. Ese conocimiento institucional no se recupera fácilmente.
V. La homologación de equipos: incertidumbre en un área crítica
El sistema de homologación de equipos de telecomunicaciones garantiza que los dispositivos que se comercializan en la Argentina cumplan los estándares técnicos necesarios para no interferir con otras redes, no superar los límites de exposición a radiaciones y funcionar dentro de los parámetros autorizados. Es, en definitiva, una garantía de seguridad para los usuarios y para la integridad de las redes.
La Resolución N° 57/2026 —cuya validez COPITEC impugna ante la Justicia Federal— transformaría ese sistema de manera radical: eliminaría el Representante Técnico, crearía un esquema de agencias certificadoras privadas y, como medida transitoria, prorrogaría automáticamente por tres años todos los registros vigentes sin nueva evaluación técnica. De aplicarse, circularían en el mercado miles de equipos con homologaciones renovadas de manera automática, sin que ningún profesional haya verificado si sus condiciones técnicas siguen siendo las que fueron originalmente aprobadas.
A esto se suma que el propio ENACOM debió reconocer mediante la Resolución N° 843/2026 que el nuevo sistema de agencias certificadoras no estaba operativo para la fecha de entrada en vigor, prorrogando su implementación al 1° de diciembre de 2026. El sector queda en un limbo: el sistema anterior fue desmantelado antes de que el nuevo estuviera funcionando, y los equipos siguen circulando bajo un régimen de transición cuya legalidad está en discusión judicial.
VI. Un diálogo selectivo: con los operadores comerciales, sin los profesionales independientes
En septiembre de 2026, el interventor Ozores participó del evento «Diálogo que impulsa el Futuro Digital» organizado por la Mesa TIC en la Ciudad de Córdoba, ante más de cien actores de la industria. Allí anunció un nuevo programa del Fondo de Servicio Universal que permite a los licenciatarios imputar inversiones en equipamiento contra su aporte obligatorio. El propio Ozores reconoció en ese encuentro que «falta mucho» y que la carga tributaria del sector está en el orden del 41%.
La Mesa TIC —que agrupa a Telecom, Telefónica, DirecTV, CABASE y otros grandes operadores— valoró el gesto. Es un espacio legítimo de diálogo con el sector privado. Sin embargo, ese mismo diálogo estuvo sistemáticamente ausente con los organismos profesionales independientes. Mientras el interventor encontraba tiempo para reunirse con los actores comerciales del sector, el COPITEC nunca fue recibido en los más de dos años de intervención, incluso después de interponer el reclamo administrativo contra la principal norma regulatoria de la gestión.
El diálogo que impulsa el futuro digital no puede ser solo con quienes tienen negocios en el sector: debe incluir también a quienes tienen responsabilidad técnica e institucional sobre él.
VII. La posición de COPITEC
Este Consejo Profesional no se opone a la modernización de los instrumentos de control, fiscalización y auditorías del sistema de telecomunicaciones, ni a la actualización de los procedimientos regulatorios. Lo que aquí se plantea, y seguirá sosteniéndose ante la Justicia, es que esa modernización debe hacerse respetando la jerarquía normativa, con participación del sector profesional, con análisis de impacto real y con la gradualidad que cualquier cambio estructural requiere.
La intervención del ENACOM tuvo una oportunidad histórica: rediseñar un organismo regulador aggiornado a los tiempos que corren, con presencia federal, profesionales independientes de calidad, sistemas de control modernos y un espectro radioeléctrico bien administrado. En cambio, a simple vista, y transcurridas varias etapas de renovación de la intervención, se puede apreciar un organismo sin delegaciones, con un sistema de homologación de equipos en transición forzada, con profesionales desplazados y con áreas estratégicas desreguladas.
Todo esto hace que sea una gestión con más sombras que luces. Y el sector profesional tiene el derecho —y la obligación— de decirlo.
